DECRETO Nº 228

B.O.: 16/03/16

(Ratificado por Ley Nº 8847, B.O. 28/03/2016)

(Ver Decreto Nº 989/16 por el que se dispone que a partir del 1 de agosto del año 2016 estarán incluidos en la liquidación del adicional salarial denominado "Ítem Aula", creado por el Decreto Nº 228/16, ratificado por Ley Nº 8847, todos los docentes que estén en cambio de funciones por razones de salud, en los términos del artículo 48 de la Ley 5811 y demás normativa vigente y que presten servicios dentro del sistema educativo.)

Mendoza, 14 de marzo de 2016

Visto el expediente N° 2735-D-2016-02369; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 26.206 establece en su artículo 2° que: "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado";
Que la mencionada Ley establece también en su artículo 4° que: "El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias", siendo el Estado el que garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender;
Que a través del Decreto N° 955/04 y las resoluciones ministeriales que son su consecuencia, se convocó a negociación colectiva al sector público provincial, conforme las disposiciones del Artículo 24 de la Ley N° 6656 por medio de la cual la Provincia adhirió a la Ley N° 24.185 y modificatorias, en un todo de acuerdo con los Convenios N° 151 y N° 154 de la OIT;
Que en dicho contexto se inició la negociación con las entidades sindicales representativas del sector educación, habiéndose tratado en el presente año como primer tema la estructura salarial docente;
Que la Provincia de Mendoza se encuentra en una grave situación de emergencia financiera, que resulta ser un hecho de público y notorio conocimiento que ha sido reconocido por el Legislador local en la Ley N° 8833 al declarar la "Emergencia Administrativa, Fiscal y Financiera" en la Provincia;
Que el desmanejo en las cuentas del Estado, ha llevado a la Provincia a tener una proyección negativa constante en la partida de personal, lo que implicó que no se pudiera cumplir con el pago en tiempo y forma de la nómina salarial y que a la fecha, parte de la misma en el mes de noviembre y las de diciembre, enero y febrero debieron ser canceladas por esta gestión con adelantos de coparticipación federal, la toma de crédito con el agente financiero y la colocación de Letras del Tesoro Provincial, sumado ello a otras medidas de ahorro, entre las que se encuentran la reducción significativa de la planta de funcionarios políticos y la reducción de adicionales por mayor dedicación, entre otros;
Que parte central de la crisis en la que se ha sumido la Provincia se debe a una manera irresponsable de fijar la pauta de aumento salarial en acuerdo con la dirigencia sindical, hecho que ha sido reconocido por el propio Ministro de Hacienda del anterior Gobierno, cuando a fs. 04 del expediente N° 1087-D-2015-01027, justificaba ya en fecha 20 de agosto la necesidad de endeudarse en vista a que "el impacto del gasto por la paritaria aprobada por Ley N° 8798, alcanza la suma de $ 4.990.503.291, siendo soportada por mayor recaudación neta proyectada para el año 2015, la suma de $ 1.997.230.845, quedando un saldo por cubrir equivalente a la suma de $ 2.993.272.446. Esta última suma, al no poder ser afrontada, ni con mayor recaudación, ni con la creación de fuente de financiamiento, ni con la creación de un recurso nuevo,...";
Que la oferta presentada a la parte sindical implica un esfuerzo en conjunto con el Estado Nacional, toda vez que las arcas provinciales aportan parte del aumento que se dispone y otra parte es sufragada con fondos del Estado Nacional, con motivo de la paritaria firmada por el Ministro de Educación de la Nación y la representación sindical nacional en fecha 25 de febrero de 2016 y que está agregado en autos;
Tal acuerdo, no solo eleva el salario inicial docente, mediante la implementación del Fondo Compensador (conforme Art. 9° Ley 26.075 de Financiamiento Educativo) para todas las modalidades y jurisdicciones del país, sino que incrementa la asignación creada por la Ley 25.053 (FONID) en dos tramos, a partir de febrero de 2016 en pesos cuatrocientos ($ 400), estableciéndolo en pesos novecientos diez ($ 910) y a partir del mes de julio 2016, aumentarlo hasta pesos trescientos ($ 300), estableciéndolo en pesos un mil doscientos diez ($ 1.210), resultando un mínima salarial nacional de pesos siete mil ochocientos ($ 7.800) a partir del mes de febrero 2016 y de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500) a partir del mes de julio 2016;
Que el costo estimado del incremento salarial propuesto, conforme informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas, asciende a la suma de pesos dos mil trescientos noventa y cinco millones ($ 2.395 millones) en el ejercicio 2016;
Que el mencionado, costo establecido en el párrafo anterior, deberá ser afrontado con partidas y limitaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto 2016 (Ley 8838);
Que la discusión en paritaria implica hacer uso de una delegación legislativa en cabeza del Poder Ejecutivo, toda vez que el Poder Legislativo es el que ostenta la competencia en la fijación de condiciones de empleo público (conf. art. 99 inciso 9 de la Constitución de Mendoza);
La Corte Provincial, en el plenario Cañas, ha determinado que "La política salarial es facultad en principio legislativa.... La estabilidad administrativa reconocida en el art. 14 bis de la CN es, como todos los derechos, susceptible de razonable limitación, por lo que no es inconstitucional la modificación, salvo que revista una magnitud que permita considerar alterada la sustancia de la relación de empleo público, o la aplicación de la norma produzca la ruptura del salario pertinente" (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentencia de fecha 25-08-09, autos N° 80507 "Cañas, Patricia y Ots c/Gobierno de Mendoza S/APA", asentada en LS 404-033);
Que el presente Gobierno, desde el comienzo de la discusión paritaria, planteó la necesidad de negociar con buena fe, mediante pautas claras y cumplibles por parte del erario público en lo que a estructura salarial se refiere, mirando a la par como objetivo final, la mejor prestación del servicio público esencial que implica la gestión estatal del sistema educativo;
Que en tal contexto, se llevó a la mesa paritaria una oferta salarial, la que fue objeto de sucesivas mejoras, no solo en las condiciones de su implementación, sino que fue optimizada porcentualmente, sin que ninguno de los aumentos ofrecidos, luego de la primera instancia, no fuera de tipo remunerativo;
Que por parte del Gobierno provincial, a través de sus representantes paritarios siempre se estuvo abierto al diálogo y al logro de un acuerdo en la discusión paritaria;
Que la administración en todo momento ha seguido con el principio esencial en las negociaciones colectivas de la buena fe negocial (art. 4 de la Ley 23.546), lo que implica el cumplimiento de una serie de reglas de comportamiento que se deben observar en toda negociación colectiva y que, conforme se expondrá a continuación, fueron respetadas por la Administración;
Que se cumplió con el deber "concurrencia de las partes a las reuniones", conforme queda acreditado en las actas de audiencia realizadas ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo agregadas a fs. 121/122, 219/222 y 224/227 de la pieza administrativa 16764/S/15;
Se procedió a "designar negociadores con mandato suficiente", (a fs. 20/21 por la Dirección General de Escuelas y a fs. 24 por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, la pieza administrativa 16764/S/15);
Que se cumplió en todo momento con el deber de "intercambiar información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo", como surge de las respectivas planillas de ejemplos de simulaciones de la oferta presentada, fs. 31/120 y 128/218 de la pieza administrativa 16764/S/15, permitiendo así un mejor entendimiento para la toma de decisión por parte del sector gremial;
Que como se ha expresado, se procedió a "realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos", siempre aportando las motivaciones de su discrepancia de manera decorosa, otorgando razones, desarrollando negociaciones verdaderas y constructivas y evitando retrasos injustificados. También llevando sucesivas mejoras de oferta, buscando la mejor opción para el trabajador. (fs. 31/120, 128/218 y 223 de la pieza administrativa 16764/S/15);
Que todo esto también refleja el respeto a las recomendaciones hechas por el Comité de Libertad Sindical en base a los Convenios emanados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ;
Que por otro lado, las aclaraciones y revisiones realizadas por el Ejecutivo a la propuesta inicial en el aspecto económico y de aplicación, significaron el máximo esfuerzo que el Estado Provincial puede cumplir, teniendo en cuenta la situación de crisis actual en el que se encuentra y el presupuesto vigente;
Que así las cosas, se ha planteado la incorporación de un componente salarial de tipo remunerativo, que se denominó "ítem aula", destinado a reconocer e incentivar al docente que de manera diaria y constante ya sea dando clases, formando parte del equipo directivo o en otra función del escalafón docente para la que concursó y para la que fue designado, logra que nuestros alumnos puedan recibir en forma ininterrumpida la educación que el Estado está obligado a prestar y que en última instancia da sentido al propio sistema educativo;
Que el deterioro en los niveles del aprendizaje en los distintos niveles del sistema de enseñanza en los últimos años hace necesario reenfocar los esfuerzos más grandes en poner en valor la tarea docente efectiva;
Que la realidad del sistema ha mostrado que proliferaron los cargos docentes alejados del aula, ejerciendo funciones de todo tipo ajenas a la realidad de la enseñanza aprendizaje. El referido ítem, apunta a producir el cambio cultural imprescindible de volver a revalorizar la tarea docente en todas sus dimensiones e instancias;
Que tal reconocimiento, junto con otras medidas, que incluso han sido llevadas a la propia mesa paritaria, como la necesidad de capacitación continua, la carrera horizontal docente y el control de ausentismo, tienen por finalidad alcanzar las metas de mejor calidad en el servicio que debe cumplir la gestión a cargo del Estado;
Que de manera sistemática el sindicato se negó a aceptar cualquier oferta que incluyera el ya citado ítem, no obstante haberse mejorado el mismo en su composición y su ingeniería interna, luego de la primera reunión en la que se llevara la oferta salarial;
Que la oferta fue mejorada luego tres oportunidades, sin que la parte sindical haya puesto a consideración del plenario las dos últimas, habiendo incluso concurrido a la mesa paritaria con un paro declarado;
Que la naturaleza propia del empleo público, impone la necesidad de evaluar los intereses sectoriales, junto a los fines de bien común por los que el Estado debe velar;
Que tal circunstancia supone que los aspectos salariales de la remuneración son establecidos por Ley de Presupuesto, que a su vez limita las erogaciones posibles que puedan hacerse a su respecto y que no sólo impide, sino que desaconseja, toda posibilidad de concertación distinta;
Que cabe mencionar que en nuestra Constitución Provincial es atribución del Poder Legislativo determinar el régimen del empleo público y la ley de sueldos, facultad que ha sido delegada al disponerse que el Poder Ejecutivo convoque y concrete mediante la negociación colectiva estos aspectos;
Que el citado Artículo de la Ley Nacional 24.185, a la que la Provincia adhirió por el Artículo 24 de la Ley N° 6656, determina que las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo normado por la Ley de Presupuesto y a las pautas que determinaron su confección;
Que dentro de las posibilidades determinadas por la Ley de Presupuesto, cuyas pautas de confección  han contemplado el cumplimiento de los fines del Estado, se han efectuado dentro del ámbito de la negociación colectiva diversas propuestas a los representantes de los trabajadores;
Que, sin embargo, en la negociación del sector de educación, las partes no han alcanzado un acuerdo; 
Que esta circunstancia pugna con la política que, respecto al personal del Estado Provincial, claramente promueve el Poder Ejecutivo tendiente al reconocimiento de mejoras en el nivel de ingresos de sus agentes, en el marco de las posibilidades económicas imperantes;
Que a su vez, la negativa sistemática a discutir la oferta salarial y el hecho de que el propio Sindicato haya rechazado por insuficiente incluso el aumento ofrecido por los miembros del Estado, obstaculiza arribar a un acuerdo en el curso de la negociación;
Que en la causa "Morici", el Superior Tribunal Provincial sostuvo que "En relación a la situación traída a estudio del Tribunal, cabe recordar que es facultad de la Legislatura dictar una Ley General de Sueldos (art. 99 inc. 9 de la Constitución Provincial), lo que no obsta a que el Poder Administrador dicte resoluciones que adecuen las remuneraciones previstas en una ley -general- a las circunstancias fluctuantes de nuestra economía. Así han surgido los adicionales como un modo de incrementar el salario de bolsillo del trabajador para mejorar su nivel de vida y amortiguar los efectos de esa inquietante realidad. El Poder Ejecutivo puede disponer un incremento de las remuneraciones de los agentes públicos siempre que esas decisiones no afecten la política salarial del sector público que señala el Poder Legislativo, generalmente en la ley anual de presupuesto y que si excede los incrementos allí dispuestos, la decisión debe ser ratificada por ley de la Legislatura (L.S. 401-5 in re "GIL") tal como ha ocurrido con los ítems traídos a estudio en esta causa." (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentencia de fecha 25-08-09, autos 106.709, "Morici Carlos Norberto y Ots. C/Gobierno de la Provincia de Mendoza P/Acción Procesal Administrativa";
Que ha emitido opinión Asesoría de Gobierno;
Que por lo dicho, el presente decreto debe ser sometido a ratificación legislativa;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1º - Dispóngase un incremento sobre la Asignación de la Clase y el Estado Docente para el Cargo Docente del siete por ciento (7%) desde el mes de marzo al mes de julio de 2016 inclusive y del siete coma siete por ciento (7,7%) desde el mes de agosto en adelante, siendo este último acumulativo al del primer periodo enunciado.

Artículo 2º - Dispóngase un incremento sobre la Asignación de la clase y el Estado Docente para la Hora Cátedra de todos los niveles del cinco por ciento (5%) desde el mes de marzo al mes de julio de 2016 inclusive y del cuatro por ciento (4%) desde el mes de agosto en adelante, siendo este último acumulativo al del primer periodo enunciado.

Artículo 3º - Determínese que el incremento referido será complementado con el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), asignación creada por la Ley 25.053, en dos tramos, a partir de febrero de 2016 en pesos cuatrocientos ($ 400), estableciéndolo en pesos novecientos diez ($ 910) y a partir del mes de julio 2016, en pesos trescientos ($ 300), estableciéndolo en pesos un mil doscientos diez ($ 1.210), sumas que serán adelantadas por el Estado Provincial, a cuenta del aporte Nacional, conforme a lo establecido en la Paritaria Nacional firmada el 25 de febrero de 2016 (Expediente N° 1243441/07).

Artículo 4º - Dispóngase la aplicación de los mínimos salariales fijados para el cargo docente inicial, en la forma y condiciones descriptos en el punto 1 del acta paritaria suscripta entre el Ministro de Educación y Deportes de la Nación y las entidades sindicales signatarias. Determínese en consecuencia que el salario inicial neto de bolsillo del trabajador de la educación docente, por cargo de maestro de grado, jornada simple, sin antigüedad y/o 18 horas cátedras, sin antigüedad, incluido el Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID) será de pesos siete mil ochocientos ($ 7.800) a partir del mes de febrero 2016 y de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500) a partir del mes de julio 2016.

Artículo 5º - Determínese que la cláusula de garantía vigente conforme los convenios colectivos que la han instituido, se abonará en los 2 cargos. En el caso de las horas cátedras rige la proporción de dieciocho horas (18 horas) igual a un cargo. En el caso de que el agente tuviera menos de 18 (horas), el cálculo de la cláusula de garantía será proporcional a a cantidad de horas de la situación de revista. En aquellos casos cuyos cargos sean inferiores a los mil puntos (1.000 puntos), el salario neto de bolsillo garantizado será una proporción, en virtud de los puntos con los que se liquida dicho cargo.

Articulo 6º - Dispóngase la aplicación para el Cargo Docente y Horas Cátedras de todos los niveles y modalidades de un adicional salarial denominado "Item Aula" desde el mes de marzo de 2016 en adelante. El mismo será el equivalente al 10% de la Asignación de la Clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad. El referido adicional será percibido: 1. hasta la concurrencia de dos cargos de base, en ambos cargos; 2. un cargo jerárquico y hasta 16 horas cátedras; y, 3. en caso de que el docente solo se desempeñe en horas cátedras, hasta la cantidad de 36 horas.

Artículo 7º - La asignación dineraria creada en el artículo anterior es remunerativa, por lo que se encuentra sujeta a aportes y contribuciones previsionales, asistenciales y gremiales y se considerará para el cálculo del sueldo anual complementario. La misma es no bonificable.

Artículo 8º - Determínese que el referido "Item Aula" será percibido, a partir del mes de marzo de 2016, por todo agente comprendido en la Ley 4934 y sus modificatorias, que preste servicios en la Dirección General de Escuelas, con título docente o habilitante y que cumpla las funciones para las que ha sido designado, durante la totalidad de los días hábiles laborables del mes respectivo, a excepción de los agentes que estén en cambio de funciones, mientras dure el mismo, o en misión especial fuera del sistema educativo. No obstante, tendrá igualmente derecho a su percepción, cuando aun no registrando asistencia durante todos los días hábiles del mes, esté comprendido en alguna de las siguientes situaciones: 1.- Que estuviere en uso de licencia ordinaria, según las previsiones del art. 38 y cctes. de la Ley 5811 y modificatorias. 2.- Que estuviere usufructuando licencia por maternidad, en los términos y condiciones previstas en el art. 54 de la Ley 5811 y modificatorias. 3.- Que estuviere usufructuando licencia con motivo de accidente o enfermedad profesional conforme la Ley de Riesgos de Trabajo vigente, debidamente certificada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada por el Estado, mientras dure la licencia. 4.- Que registre hasta 3 inasistencias por mes y hasta diez (10) en el año no acumulables, siempre que las mismas hayan sido justificadas por alguna de las licencias previstas en la Ley 5811, modificatorias y demás normativa vigente y aplicable al caso, a excepción de las referidas anteriormente.

Artículo 9º - Dispóngase que el docente que cumpla una suplencia que no alcance a totalizar los días hábiles del mes, tendrá derecho a la percepción proporcional del ítem referido, calculado en relación a los días que haya cumplido la misma.

Artículo 10º - Dispóngase un incremento para los Celadores dependientes de la Dirección General de Escuela del nueve por ciento (9%) sobre Asignación de la clase y Convenio Celadores paritaria 2008 desde el mes de marzo al mes de julio de 2016 inclusive y de siete por ciento (7%) sobre Asignación de la clase y Convenio Celadores paritaria 2008 desde el mes de agosto en adelante, siendo este último acumulativo al del primer período enunciado.
Fíjese el Adicional remunerativo Celadores Paritaria 2013, en pesos quinientos  dieciocho ($ 518), desde el mes de marzo al mes de julio de 2016 inclusive y en pesos setecientos sesenta y ocho ($ 768) desde el mes de agosto en adelante.

Artículo 11º - El Gobierno Provincial realizará los ajustes necesarios para que el incremento salarial no implique disminución alguna en los montos que actualmente perciben los trabajadores/as en concepto de asignaciones familiares.

Artículo 12º - Instrúyase a la Contaduría General de la Provincia y demás órganos competentes, a que hagan todos los actos útiles y necesarios para la instrumentación y ejecución del presente Decreto.

Artículo 13º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Hacienda y Finanzas.

Artículo 14º - Remítase a ratificación de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza.

Artículo 15º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Dalmiro Garay Cueli
Pedro Martin Kerchner