DECRETO Nº 1.250 

B.O.: 08/08/2003

Mendoza, 5 de agosto de 2003 

Visto el proyecto de creación de la Dirección de Inteligencia Criminal en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Provincia de Mendoza en su artículo 128 enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo, fijando en su inciso 1) que el Gobernador tiene a su cargo la administración general de la Provincia, por lo que es de su competencia aprobar las estructuras organizativas de su dependencia; 

Que conforme lo establecido en el artículo 10 bis inc. m) de la Ley de Ministerios Nº 6366, es competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad «planificar, ejecutar y controlar las actividades de inteligencia y análisis de información conducentes a la prevención y represión delictual»; 

Que mediante Decreto Nº 253/ 02 se creó el Departamento de Inteligencia Preventiva en el ámbito del citado Ministerio, organismo que, por razones estrictamente operativas, resulta necesario reformular en aras de lograr los fines y objetivos propuestos, adecuándolos al tratamiento que, en materia de Inteligencia Criminal, prevé la Ley Nº 25.520; 

Que para el cumplimiento de los fines previstos resulta conveniente la creación de un órgano específico que, mediante la reunión y el análisis de información, permita la toma de decisiones en forma anticipada respecto de hechos delictivas cuya magnitud, importancia colectiva, trascendencia y perjuicios para la comunidad hagan menester la actuación en tiempo oportuno de las Policías de la Provincia para anular, restringir o neutralizar hechos tipificados como delitos o disminuir sus causas y efectos. 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN ACUERDO DE MINISTROS DECRETA:

Artículo 1º - Créese la Dirección de Inteligencia Criminal en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, como órgano de carácter técnico y especializado bajo la dependencia directa del Ministro de Justicia y Seguridad. 

Artículo 2º - Será misión de la Dirección de Inteligencia Criminal obtener, reunir, sistematizar y analizar información específica referida a actividades delictivas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias gravosas, peligrosidad o modalidades, afecten o previsiblemente pudieren afectar la vida, la libertad, el patrimonio de los habitantes de la Provincia, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. 

Artículo 3º - Serán funciones de la Dirección: 

1. Proponer al Poder Ejecutivo la política de inteligencia criminal. 

2. Planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de inteligencia. 

3. Elevar al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Justicia y Seguridad los informes que solicitaren y distribuirlos a las personas expresamente autorizadas por éstos. 

4. Receptar requerimientos de información provenientes de los órganos judiciales competentes encargados de llevar a cabo investigaciones penales y brindarles informes previa autorización expresa del Ministro. 

5. Requerir a todos los órganos de la Administración Pública Provincial la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Entender en la cooperación con el gobierno federal y otros gobiernos provinciales cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades. 

7. Coordinar y dirigir el plan de reunión de información. 

8. Elaborar el informe anual de actividades de inteligencia criminal que resulte previamente aprobado por el Ministro para su presentación ante el Gobernador y la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. 

9. Entender en la formación, capacitación y actualización del personal que se desempeñe en la Dirección. 

Artículo 4º - La Dirección del organismo será ejercida por un funcionario civil designado por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 5º - El Ministro de Justicia y Seguridad dispondrá el personal que prestará sus servicios en la Dirección, la cual podrá integrarse con personal policial, penitenciario o civil. 

Artículo 6º - Queda expresamente prohibido en el ámbito del Poder Ejecutivo: 

1. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 

2. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos o en proceso de formación, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. 

3. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de las funciones previstas en la presente norma, relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden judicial o autorización expresa del Gobernador de la Provincia. La obligación de secreto y las responsabilidades derivadas de su infracción subsistirán aún después del cese de sus funciones en el gobierno provincial. 

Artículo 7º - La violación dolosa o culposa de las prohibiciones establecidas en el artículo anterior hará pasible a las personas partícipes de las sanciones administrativas pertinentes establecidas en los regímenes legales que resulten aplicables y sin perjuicio de la responsabilidad política, penal y civil que correspondiere. 

Artículo 8º - Facúltese al Ministro de Justicia y Seguridad a dictar las disposiciones necesarias para la organización y clasificación de la información respetando plenamente los principios y normas establecidas en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1558/2001. 

Artículo 9º - Cuando en el desarrollo de las actividades de inteligencia criminal sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo, el Director deberá solicitar la pertinente autorización al órgano judicial penal competente. El pedido de autorización deberá formularse por escrito y estar fundado, indicando con precisión el o los números telefónicos o direcciones electrónicas o de cualquier otro medio, cuyas comunicaciones se pretenda interceptar o captar. 

Si la autorización judicial hubiera sido concedida por un plazo determinado y no se hubiesen obtenido datos o información que sugieran la comisión de hechos delictivos, el Director procederá a la completa destrucción de la información recolectada en un plazo no superior a los treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del término judicial. 

Artículo 10º - Deróguese el Decreto Nº 253/02. 

Artículo 11º - Establézcase que el Decreto Acuerdo Nº 19/99 queda modificado en lo pertinente por lo dispuesto en la presente norma legal. 

Artículo 12º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 

ROBERTO RAUL IGLESIAS 
Leopoldo Orquín 
Juan Carlos Jaliff 
Gabriel Fidel Enrique 
Andrés Vaquié Diego 
Andrés Grau 
Juan Manuel García 

( CONSULTAR ANEXO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL DIA 08/08/2003 EN EL SISTEMA DIGESTO)